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Nando (Sevilla) 25.08.2009 | 10.57 h

El terrorismo y el crimen organizado amenazan las democracias occidentales desde hace muchos años. Son muchos los caminos que se ha intentado para su erradicación, pero los ciudadanos abajo firmantes opinamos que, en el actual marco jurídico-penal Español, no son los suficientes. Han sido muchos los resquicios que se han dejado abiertos y de los que estas organizaciones criminales se han aprovechado. En el ámbito político, en el económico, en el social, en el legal……. Desde el año 2003, nuestro Código penal, permite penas de hasta cuarenta años para delitos de terrorismo, o cuando se cometan dos o más delitos con penas superiores a veinte años. Pero al margen de la duración mínima de la pena, delitos tan graves como el secuestro, la violación y el asesinato de niños, creemos que merecen marcos penales mucho más serios, más retributivos y más preventivos. Casos como el de De Juana Chaos, Josu Ternera, el asesino de Mari Luz o los innumerables sujetos de similar calaña exigen una respuesta digna y sin complejos por parte de la sociedad democrática a la que tan injustamente agredieron. Consideramos que la reinserción es un derecho del reo, pero no una obligación del Estado, ya que nadie puede obligar a otro a reinsertarse si no quiere. Al Estado sólo se le pueden exigir las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin, pero corresponde al reo y sólo al reo, demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad y merecedor de la libertad perdida tras las gravísimas e injustas agresiones de las que estamos hablando. Ha llegado el momento de exigir a nuestros dirigentes políticos, a los legisladores, a los responsables de las instituciones públicas nacionales y autonómicas, un cambio de actitud para conseguir, de una vez por todas, combatir esta lacra sin que nuestro sistema legal, altamente garantista de los derechos y libertades ciudadanas, sirva de ventaja a tales organizaciones. Las leyes deben defender a los más débiles, proteger a las víctimas, y conseguir que, una vez encausado un preso y condenado sin lugar a dudas, este cumpla la pena como castigo de la sociedad por el mal causado. Países tan cercanos a España, como son Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, contemplan este tipo de “cadena perpetua” y ello es considerado compatible con sus correspondientes Constituciones que participan de valores comunes y cuyos derechos penales nacionales están informados por los mismos principios básicos que el nuestro. Y para ello exigimos el compromiso explícito de buscar el cambio del Código Penal Español para que los delitos de sangre y contra la salud pública sean castigados con la mayor dureza; que las leyes elaboradas a tal efecto así lo dictaminen; y que el nuevo Código Penal permita exigir que las penas sean cumplidas íntegramente, consiguiendo así PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE de estos presos, que asegure tal fin. Por ello parece razonable admitir que el debate sobre este tipo de penas se puede centrar en la conveniencia de incorporarlas o no, pero insistimos, tal y como se conciben en los países de nuestro entorno, no cabe duda de su constitucionalidad. Acabemos de una vez con la impunidad y que los asesinos sepan que determinados actos tienen consecuencias de por vida, como las acciones que ellos mismos han cometido.